Por CTAA Rosario | En el marco de inicio de las negociaciones paritarias del sector público, el debate sobre la distribución del ingreso, la recuperación del poder adquisitivo y la conservación de derechos conquistados son ejes nodales de la lucha sindical. Lo que está en debate es el concepto mismo de democracia y las organizaciones gremiales tenemos la obligación de generar los más amplios márgenes de unidad contra el ajuste. Con esa apuesta vamos hacia una jornada nacional de lucha el 13 de febrero y al Paro Internacional de Mujeres el 8 de Marzo.
Desguace
Existe un escenario económico social alarmante. La recesión tiene como principal impulsor a la subordinación que el gobierno nacional tiene hacia las políticas del Fondo Monetario Internacional y los compromisos con él asumidos. La reforma laboral no será posible de instrumentar en un año electoral pero intentarán avanzar sector por sector, como ya se vio en petroleros, lecheros, textiles, etcétera.
El objetivo de los grandes capitales y el macrismo es bajar el costo laboral, aplicar una feroz reforma previsional, desplegando una política neoliberal que en plano del Estado significa achicar políticas públicas en educación y salud y eliminar de cuajo todas las políticas productivas donde encabezaba sectores estratégicos (defensa, Fabricaciones Militares, astilleros, minería, producción de energía nuclear). Esto significa un claro avance sobre la soberanía debilitando áreas nodales de intervención.
La intentona de desmantelar las políticas de seguridad social e ingresos de los trabajadores va en línea con la desregulación del mercado de trabajo, intentando garantizar la intervención del sector privado y sus negocios, profundizando la precarización laboral. No es una novedad, pero estamos ante la profundización de un ataque claro a la clase trabajadora y los sectores populares. La recesión y alta inflación benefician sólo a las empresas dolarizadas, del capital financiero y vinculado a las exportaciones. Los tarifazos tanto en agua, luz y gas y también en servicios municipales, transportes, telefónicas, sumado a los exorbitantes precios de los productos de la canasta alimenticia, dejan a un gran sector de la población bajo la línea de la pobreza.
El año 2018 dejó la inflación más alta en 27 años. Fueron 180 mil los puestos de trabajo perdidos. La política de pérdida de empleo intenta actuar como disciplinadora de muchos sindicatos que permanecen en una etapa defensiva. Según datos del Mirador de la Actualidad de la Economía y el Trabajo, la transferencia de ingresos del sector asalariado al del capital fue en los tres primeros años del gobierno de Macri de más de 1,2 BILLONES de pesos. Las paritarias a la baja en la mayoría de los sectores, salvo en caso de aceiteros que fue el único sindicato que le ganó a la inflación, generaron una pérdida entre 5 y 10 puntos del salario en el segmento estatal.
Tal como lo indicó el último informe de la Junta Interna de ATE Indec, la Canasta de Consumos Mínimos es de $38.517. El salario mínimo que plantea el Consejo de Salario es la vergonzosa cifra de $11.300. Hay un gran segmento de la población bajo línea de pobreza y miles de trabajadores con sueldos que ni cubren la CCM que cada vez pagan más impuesto a las ganancias. Eso mientras entre 2016 y 2018, se fueron de la Argentina 124 mil millones de dólares. Como parte de las realidades que abonan a la inequidad educativa y a la desesperación social, el boleto de transporte aumentó a límites impagables para los salarios actuales y la canasta escolar se incrementó 206% en los últimos tres años.
El vuelo del águila
La política intervencionista de Estados Unidos muestra su capítulo más obsceno en Venezuela. Estamos en un contexto internacional muy hostil a los trabajadores y sectores populares, con hegemonía de capital financiero. En clave política la descomposición de los estados, el blindaje mediático a los grupos de poder hegemónico y los planteos estratégicos imperialistas han derivado en el ascenso de referentes de derecha, xenófobos, con manifestaciones fascistas. El Presidente Donald Trump cuenta con gran cantidad de gobiernos aliados en América Latina que llevan su política imperial y asumen como propio el intervencionismo en Venezuela. En ese conflicto se juega sin duda la defensa de la democracia y la autodeterminación de los pueblos.
Aunque en un marco de rearmados y contradicciones internas, en Argentina lamentablemente las centrales obreras mayoritarias han tenido una ausencia cómplice en lo que respecta a un posicionamiento claro en la movilización social y la resistencia para enfrentar e impugnar esta política económica impuesta desde el FMI y crear condiciones para que los sindicatos puedan discutir las mejores paritarias. Hay una parte de sindicalismo que en silencio viene acompañando y convalidando muchas de las políticas estatales en el plano privado y público.
Es imposible abrir paritarias en defensa de los trabajadores sin la movilización social. No hay posibilidad de discutir paritarias que recuperen lo perdido sin un fuerte contexto de movilización de la clase. Trabajadores y trabajadoras conscientes que a través de asambleas y mecanismos democráticos de base puedan construir el programa necesario que tenga como nudo la puja distributiva alrededor del salario la defensa de los convenios colectivos y el derecho laboral en su totalidad.
Preponderancia de las paritarias públicas
Esta semana inició con la reunión de los gremios del sector público con el gobierno de Santa Fe. Tenemos que decir que en nuestra provincia se trata de un gobierno que posa de progresista, pero que parte de sus políticas estratégicas en el Estado aplican un socialiberalismo (socialdemocracia claudicante), que no avanzó la reforma tributaria, firmó el pacto fiscal y no tocó los intereses de los grandes grupos económicos de la provincia. Muestra de ello fue la condescendencia con empresas como la que usufructuó la autopista Rosario- Santa Fe.
En el marco del aumento de tarifas el Frente Progresista funcionó con la misma lógica del gobierno nacional. Si bien en el sector salud no adhirió a la Cobertura Universal que privatiza ese derecho, debemos plantear que sostiene altos niveles de precarización laboral, y la prestación pública se sostiene en buena parte por el compromiso cotidiano de sus trabajadoras y trabajadores.
¿Dónde radica la importancia general de las paritarias públicas? Por un lado, son las primeras que abren la negociación y por ende referencia para el conjunto de trabajadores. Además, por la cantidad de trabajadores que representa, significa que su mejora salarial dinamiza diversas áreas económicas al interior de las provincias. Y, fundamentalmente la discusión de la paritaria integral crea mejores condiciones para la garantía de la salud, la educación y la seguridad social de la provincia.
Actualmente la cláusula gatillo que propagandiza el gobierno de Miguel Lifschitz llega tarde y mal, significando una pérdida salarial de más de medio sueldo a lo largo del año. Hay que ser claras y claros en esto: la cláusula gatillo por sí sola no recompone salarios y tiene valor si es de aplicación automática. Si se ajusta cada tantos meses, los trabajadores van a seguir perdiendo. Los precios seguirán yendo por ascensor y los salarios por escaleras.
Dentro del debate hay asignaturas pendientes, vinculadas como que Santa Fe no abonó el 4% de ajuste del mes de noviembre que debería haber venido con el sueldo en diciembre, eliminó el pago de material didáctico, lo que significa una rebaja salarial, porque se ha compuesto el salario de sumas en negro que sirven para no blanquear salario y tener básicos planchados. Asimismo, el pago de medio aguinaldo se sacó no sobre el mejor sueldo. Así el gobierno se comió un 5,5% del sueldo de enero. Y las asignaciones familiares siguen siendo una burla: $260 por hijo e hija, $170 de ayuda escolar anual, $3 por escolaridad.
Desde la CTA Autónoma planteamos que ningún trabajador ni trabajadora debe cobrar por debajo de la canasta de consumos mínimos, estipulada en $38.517, cualquier discusión que se haga debe tender a anular la cuotización que licúa los aumentos. El gatillo debe ser automático y se debe tener en cuenta que la previsión de la inflación para este año va del 28 al 35%.
Llamamos a abrir canales de movilización unitarios, recuperando la mejor tradición histórica a 50 años de los Rosariazos, tomando las banderas de lucha cuyo único dueño es el pueblo, promoviendo instancias multisectoriales para enfrentar los tarifazos.
En vistas a eso, junto al frente de gremios estatales marcharemos para lograr la mejor paritaria de todos los empleados estatales, en defensa de la salud y la educación públicas, pues no hay salvación en soledad. Y el 13 de febrero movilizaremos nuevamente con las organizaciones sociales con las que protagonizamos la épica Marcha Federal en 2018, volviendo a expresar en las calles que existe otro presente posible si está la voluntad política de construirlo.
*Gustavo Terés, Secretario General; Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación y Difusión.
