Por Sofía Alberti* | El 6 de julio se cumplen 40 años de los operativos del Ejército en los que se secuestró a abogados defensores de trabajadores y trabajadoras. La fecha encuentra al sector siendo víctima de un fuerte ataque desde el gobierno nacional que, consideran, es ni más ni menos que el preludio para una reforma laboral y la violación de derechos establecidos. Hablamos con el Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y Director del Equipo Jurídico de ATE Nacional, Matías Cremonte.
Los hechos ocurridos en 1977 conocidos como “La Noche de las Corbatas” están como paradoja del destino signados por un mismo número: del 13 de junio y el 13 de julio de 1977 el Ejército secuestró a 13 personas. Entre ellas 8 abogados laboralistas señalados por los genocidas como parte ‘de la banda’ a eliminar.
La mayor cantidad de detenciones se dieron en sólo 48 horas, del 6 al 8 de julio. Según detalló el periodista Pablo Waisberg, los primeros secuestrados en ese lapso fueron los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-. A ellos les siguieron otras detenciones en la siguiente semana: José Verde y su esposa, y María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo sobrevivieron Verde y su esposa, Ricci y Bozzi.
“Pero ese megaoperativo –que contó con la asistencia de Concentración Nacional Universitaria (CNU)- había comenzado un mes antes con el secuestro en Neuquén de Jorge Candeloro –desaparecido- y Marta García –sobreviviente-, que fueron detenidos por pedido del Ejército y enviados a Mar del Plata en junio de 1977. Casi un mes después completaron las detenciones de los abogados que compartían la especialización de laboralistas y que habían defendido a distintos sindicatos. Además, se investigan otros cinco hechos que no integran esa razzia”, indicó el investigador, quien además editó un libro sobre el caso.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados, instituyó el día 6 de julio como el día del abogado víctima del terrorismo de Estado y en sintonía, la Asociación de Abogados Laboralistas estableció el día 7 de julio como el Día del Abogado Laboralista. A 40 años de aquellos hechos y en vísperas de su día, los laboralistas atraviesan una dura ofensiva contra su trabajo y representación. “La industria del juicio”, “el curro de los juicios laborales”, “la mafia de la justicia del trabajo”, han sido algunas de las expresiones que, palabras más palabras menos, han lanzado representantes políticos del macrismo y el propio presidente de la Nación.
Pero los abogados ven este ataque como parte de uno más amplio e integral, donde el objetivo final es ‘acondicionar’ los derechos y garantías conquistados por los trabajadores a los requerimientos de la nueva reestructuración del capitalismo mundial. Como en otras épocas esa transformación requiere para aumentar las ganancias empresarias y garantizar la impunidad del modus operandi, modificar las condiciones en las que patrones y empleados llevan adelante su vínculo. Para ello hay que modificar las leyes y aplastar toda posibilidad de reclamo. Ahí entra en juego la justicia del trabajo y los representantes legales de la parte más débil: los laboralistas. Sobre eso hablamos con Matías Cremonte.
- ¿Cómo los encuentra este 40° aniversario?
En el marco de un ataque de parte del gobierno a los abogados laboralistas, a la justicia laboral, a los sindicatos. Es decir, un ataque a los trabajadores, como fue el ataque en la noche de las corbatas: los abogados detenidos, secuestrados, asesinados y desaparecidos lo fueron en tanto eran defensores de los trabajadores. La finalidad del golpe de Estado fue derrotar al movimiento obrero y para eso atacaron a los abogados. El objetivo final nuevamente es atacar a los trabajadores, debilitar a las organizaciones sindicales y seguramente sea el preludio de alguna reforma laboral.
- ¿Cuáles son las implicancias de fondo en la avanzada de entonces y la actual?
La relación entre ambos hechos es el objetivo final, con todas las distancias del caso: el destinatario del ataque son los trabajadores y sus conquistas a través de los convenios colectivos. Por eso no nos quedamos sólo en denunciar el ataque a los abogados laboralistas. Lo grave es que es un ataque a los derechos y las garantías, al sistema de defensa que tienen frente al empleador. Se intenta destruir el derecho social, el sistema de intermediación entre trabajadores y empleadores y volver a aquellas épocas liberales donde no existía la justicia del trabajo y el empleador tenía a su merced a todos los trabajadores de manera individual, donde podía definir el precio de la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo. La razón de ser de la justicia laboral y las organizaciones sindicales es reconocer esa relación desigual entre capital y trabajo.
- Además de tener víctimas este esquema que se busca instalar tiene beneficiarios ¿quiénes son?
Lo que no gana el trabajador, lo gana el empresario. Y si se discute el derecho al salario digno, la contrapartida es el aumento de la rentabilidad de las empresas, sobre todo en un país donde la productividad no crece hace años. Hay dos maneras de aumentar esa tasa de ganancia: o bajar el salario real o aumentar la jornada de trabajo sin incrementarlo proporcionalmente.
- El Vicepresidente de la UIA puso en discusión el concepto de Salario Mínimo, Vital y Móvil y defendió el precio a $10.000 que estipuló el Consejo del Salario ¿tiene que ver con esto?
Que el salario mínimo, vital y móvil se haya borrado de la memoria histórica de los trabajadores estando en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo explica la magnitud de la avanzada del capital en los últimos 40 años. Todos los días hay que reeditar esa batalla porque del otro lado también salen a jugar con eso, como lo muestran las declaraciones de la UIA.
- ¿Cómo analizan desde la AAL la intervención oficial en la vida de los gremios?
Inédito en tiempos contemporáneos y absolutamente ilegal. Es parte del ataque a los abogados laboralistas y la justicia laboral. La primera defensa de los trabajadores es colectiva, en el lugar de trabajo mediante las organizaciones gremiales. El control que ejerce, no como parte del derecho establecido en la Ley de Asociaciones Sindicales, sino el político ideológico a través de la intervención de los sindicatos que no le son afines, carece de todo argumento legal. Se da un modus operandi vinculado a intervenir de manera arbitraria en procesos electorales internos mediante el Ministerio de Trabajo, una vez ya convalidadas. Son métodos ilegales e intervencionistas.
- Hay también mensajes del propio poder Judicial, de la posición de sectores poderosos como la Corte Suprema. El último fue difundir como noticia que quien pierde un caso paga las costas
El fallo no cambia nada, no dice nada nuevo, no es una noticia. La noticia es que la Corte quiso decir y dar a conocer algo. Ni siquiera es su competencia, porque no es del derecho de fondo ni constitucional, ni arbitrariedad manifiesta, es un tema procesal. Es muy raro que llegue para decir lo que ya dice la ley, que es que el que pierde un proceso se hace cargo de las costas. Creo que se enmarca en este clima generado por el gobierno de ataque y estigmatización a los laboralistas y la justicia laboral. En todo caso muestra que no existe tal industria del juicio, ya que si un trabajador se larga a hacer un reclamo y no tiene cómo probarlo lo más probable es que lo pierda. Por eso uno como abogado es más que cauteloso a la hora de aconsejar el inicio de un juicio.
*Nota y foto: Sofía Alberti, Comunicación CTA Rosario
