Estos jueces son los mismos que en diciembre de 2008 liberaron al torturador Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, y que a fines de 2009 liberaron a 11 represores en la U9 de la Plata. Para nombrar sólo otros dos antecedentes de los tantos a favor de la impunidad que acumulan estos magistrados. No nos vamos a cansar de recordar que Lofiego, Marcote y Vergara integraron la patota liderada por el comandante de gendarmería Agustín Feced, que operó en el Servicio de Informaciones de la Policía Provincial, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención, torturas y desaparición de personas, en la provincia de Santa Fe, durante la última dictadura militar...
Y si no hay justicia hay escrache, por eso estamos en este lugar
En este primer juicio oral que se le seguirá por sólo un pequeña porción de los miles de delitos que cometieron, serán juzgados por los crímenes cometidos contra 87 víctimas. Crímenes que están acreditados por más de 160 testigos, que darán cuenta del funcionamiento de aquel siniestro campo de concentración que funcionó en pleno centro rosarino, y del accionar de los torturadores y asesinos que lo integraron.
Los genocidas tienen que estar presos
La liberación de los represores Lofiego, Marcote y Vergara y de cada genocida liberado, genera una sensación de mayor riesgo a los testigos y querellantes, quienes deberán declarar en el proceso. Ya que están expuestos a encontrarse en la calle con los denunciados o a ser intimidados por los represores contra quienes desde el próximo 21 de julio deberán atestiguar.
En este marco, dejando en claro que obviamente no son responsables de este fallo, no podemos de dejar de señalar la actitud del gobierno provincial que en conocimiento de este hecho ( los genocidas estaban detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial) no haya establecido lo mecanismos para informar y movilizar a las organizaciones de derechos humanos y sociales, a testigos y querellantes (incluso a los que están en el programa de protección a testigos). Este hecho, como mínimo, es una actitud irresponsable frente a esta grave situación.
Desde el espacio Juicio y Castigo estamos dispuestos a pelear contra esta resolución, de la misma manera que lo hemos hecho durante décadas. Una resolución judicial, por mas aberrante que sea, no nos detendrá en la lucha por el juicio, castigo, cárcel perpetua y común para todos los genocidas. Y no nos detendrá en realizar todas las acciones públicas, marchas, actos, movilizaciones que impulsen este objetivo. Porque la memoria sigue y seguirá viva.
A cada una de las instituciones, a los poderes ejecutivos nacional y provinciales, a los parlamentos provinciales y nacionales, a los concejos deliberantes, a cada uno de los distintos estamentos a invitamos a repudiar esta liberación de los represores. Y en especial a la Corte Suprema de la Nación, en cuyas manos esta la decisión política y jurídica de revertir estas injustas libertades a los genocidas.
