Los golpistas impulsaron una política antiobrera que incluyo: proscripción de dirigentes sindicales peronistas, intervención de la CGT, se declararon nulas y disueltas las comisiones internas, nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos, la Ley de Asociaciones Profesionales fue derogada, quedando restringido el derecho de huelga, y luego de un breve acuerdo se decreto que habría elecciones gremiales en 130 días, represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales, sanción del decreto 7107 de abril de 1956 que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1955, designación de delegados de fabrica por parte del Ministerio de Trabajo, habiendo sido despedidos los anteriores, ofensiva contra las condiciones de producción y de trabajo, exigiendo aumentos en la producción, decreto 2739, con su articulo 8, sobre los obstáculos a la productividad. Toda esa batería de medidas contra la clase obrera y sus organizaciones gremiales, llevo a los trabajadores a desarrollar una política de defensa de sus conquistas. El hostigamiento de los empresarios se dio con el objetivo de exigir aumento en la productividad, disciplina, racionalización y lograr el sometimiento de la fuerza de trabajo. Perón en el exilio. El cadáver de Evita había sido secuestrado de la sede de la CGT. Por ley no se podía nombrar a Evita ni a Perón ni al peronismo, y prohibiciones de distinto tipo. Había sido anulada la Constitución de 1949. Muchos militares peronistas fueron encerrados en el vapor-prisión Washington, anclado a varios kilómetros aguas adentro del Puerto de Buenos Aires. Allí estaban castigados y aislados los generales Valle y Tanco. Y comenzaron a conspirar para diseñar un movimiento que exigiría el cese de la persecución al peronismo; la restitución de la Constitución de 1949 y la libertad a los miles de presos políticos. El historiador Norberto Galasso contará que tanto Aramburu como Rojas, su vicepresidente, tenían información de la conspiración: que decidieron no abortarla para "dar un escarmiento". Tal es así que en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, pero dejó firmado el decreto 10.362 que decretaba la Ley Marcial, y preparados los decretos 10.363/56, que establecía la pena de muerte, y el 10.364 que daría los nombres de los que serían fusilados. Los decretos estaban preparados porque eran correlativos y fueron publicados así en el Boletín Oficial con posterioridad. Valle y Tanco, que estaban en la clandestinidad, decidieron lanzar antes de que fuera tarde la asonada. La señal la daría la lectura de la proclama revolucionaria, a las 23 del 9 de junio. A esa hora comenzaba la tradicional noche de boxeo sabatina en el Luna Park, y las instrucciones a los insurrectos para lanzarse a la acción era escuchar el relato de la pelea de Lause. El equipo de Valle para esa tarea estuvo comandado por el coronel José Irigoyen, fue secundado por el capitán Costales y se sumaron varios civiles. Eran las diez de la noche. La radio debía instalarse en la Escuela Técnica N° 5 "Salvador Debenedetti" en Avellaneda. A las 22.30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama sólo pudo ser escuchada en La Pampa “Tomar las armas para restablecer en nuestra Patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes", decía en los primeros párrafos ese texto en el que se fue redactado por José María Castiñeira de Dios y José María Rosa.
Otros lugares de la rebelión fueron: Campo de Mayo, el Regimiento II de Palermo, la Escuela de Mecánica del Ejército, el Regimiento 7 de la Plata. Además, hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe— Rosario y Rafaela—, Río Negro—Viedma—, para citar algunos. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados. Todos los levantamientos ocurrieron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno estableció a las 0.32 del 10 de junio la Ley Marcial. Pocas horas después, dio a conocer el decreto que ordenaba fusilar a quienes violen la Ley Marcial.
A las 23.30 de ese 9 de junio de 1956, fue allanada una casa en la localidad de Florida y se detuvo a un grupo de civiles que se suponía implicados en la rebelión. A las pocas horas, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, a cargo de la policía bonaerense, le ordeno al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a los 12 civiles apresados. La medida se llevo a cabo en los basurales de José León Suárez.
Cinco fueron asesinados: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Mario Brión y Vicente Damian Rodríguez. Los que sobrevivieron para contarlo fueron Julio Troxler (jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, en 1973, en el gobierno peronista de Victorio Calabró, actor de “Los hijos de Fierro” de Pino Solanas; y asesinado en 1974 por la "Triple A"), Juan Carlos Livraga, Horacio Di Chiano, Miguel Angel Giunta, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, y Reinaldo Benavídez. El saldo de la represión fue trágico y premonitorio: 18 militares y 13 civiles asesinados. Entre ellos el Gral. Juan José Valle.
RODOLFO WALSH Y SU OBRA “OPERACIÓN MASACRE”: “La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde jugaba ajedrez”, escribió Walsh. Alguien le comento “Hay un fusilado que vive”.
Llego al encuentro con Juan Carlos Livraga sin saber como lo atraparía esa historia. Luego escribió: “Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado”. En el curso de los meses siguientes descubre que hay más de uno: hay siete sobrevivientes de esa matanza. Y va contactándolos uno a uno, mientras reconstruye los hechos y continua acumulando, en forma clandestina, la categórica evidencia que se convertirá en su gran obra “Operación Masacre. Con la publicación en 1957, Walsh no dio por terminada la investigación. En las sucesivas ediciones fue incorporando nuevos elementos y variando su reflexión final sobre los hechos, a medida que variaba su concepción sobre el sistema que regía a la Argentina. Los fusilamientos quedaron impunes. Operación Masacre, sin embargo, cumple su cometido histórico: pulveriza la versión oficial de los hechos y ofrece para el futuro un valorable ejemplo”.
Cuando los asesinatos ocurrieron, los diarios importantes del país no registraron nada. No fue sino hasta el 23 de diciembre de 1956, en que Leónidas Barletta publicó en su periódico Propósitos la denuncia del sobreviviente. Hoy se sabe que esa iniciativa fue del autor. “Esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi ni enterarse”, escribió Walsh.
“Al final y desde el 15 de enero y hasta el 30 de marzo de 1957, publico una serie de notas en el periódico Revolución Nacional. Después, del 27 de mayo al 29 de junio del mismo año, aparecen nueve artículos más en la revista Mayoría de los hermanos Tulio y Bruno Jacovella. Walsh se presenta en el Estudio Ramos Mejia donde funcionaba el Semanario Azul y Blanco y pide hablar con el Dr. Marcelo Sánchez Sorondo quien dirigía esa publicación, y es así que la primera edición del libro aparecerá unos meses después en Ediciones Sigla que era sostenida por Jorge Ramos Mejia y propiedad del mencionado Marcelo Sánchez Sorondo, con el subtítulo: “Un proceso que no ha sido clausurado”. En rigor, no hay que decir que las desmentidas, réplicas, apéndices y corolarios se extendieron hasta abril de 1958 y que, técnicamente, la obra tal y como se conoce hoy le llevó al periodista cerca de quince años de trabajo, ya que en 1972 efectúa a la última corrección a la que sería la cuarta edición del libro”. La única investigación judicial que se realizó por la denuncia de Juan Carlos Livraga no prosperó: el juez castrense no encontró delitos en el accionar de ningún funcionario policial.
*HISTORIADOR