La modificación de la Ley Antiterrorista duplica las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla”. De esta manera, juntar fondos para los mapuches presos acusados de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima.
Desde el momento que fue conocido, el proyecto -ahora ley- recibió críticas de un conjunto amplísimo de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, sindicales, juristas, legisladores y muchos más. Todos preocupados por el potencial antidemocrático de un proyecto de ley que no clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo, y que puede ser usado para impedir los reclamos sociales, para perseguir a trabajadores, campesinos, indígenas, militantes, a cualquier persona en suma que cualquier juez o político de turno interprete que está "aterrorizando".
Las modificaciones de último momento no conformaron a ninguno de los críticos, entre los que se contaron a Abuelas de Plaza de Mayo, quien solicitó su no aprobación; al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien consideró que "si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos"; al juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, que consideró que "la ley antiterrorista no sólo no es necesaria sino que es un disparate”; a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que planteó que "lo último que necesitamos son más instrumentos legales para reprimir; demasiada sangre ha corrido en esta tierra, demasiados presos hemos tenido, demasiada tortura y gatillo facil seguimos sufriendo, demasiados desaparecidos seguimos buscando"; entre muchos otros.
Estamos en un contexto social donde hay miles de luchadores procesados, donde el reclamo por salario, trabajo precario, libertad y democracia sindical, vivienda y tierra provoca ocupaciones, acampes y cortes de calles y rutas.
Estamos también en un marco político donde la señora Presidenta reta permanentemente a las organizaciones sindicales, las demoniza, las acusa de boicot y pretende ubicar los reclamos en un “protestódromo” en Plaza de Mayo.
Y estamos además en una crisis financiera global cuyos coletazos ya están llegando a nuestro país de la mano de los techos salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares.
Por todo lo expuesto, desde la Central de Trabajadores de la Argentina repudiamos la aprobación del mencionado proyecto, realizada de forma acelerada para evitar la participación y la movilización popular en su rechazo -el dictamen se apuró un día para "esquivar" la marcha en repudio convocada al día siguiente-, convocamos a resistir y a trabajar activamente por su derogación inmediata, y deploramos haber presenciado la defensa de ese mamarracho jurídico por parte de algunos diputados autodenominados “progresistas”. La historia no los absolverá.
Gustavo Terés Secretario General CTA Rosario
Gustavo Martínez Secretario General Adjunto CTA Rosario