Trabajadorxs en emergencia

Por Sofía Alberti* | En el marco del Día de les Trabajadores del Estado, compartimos datos sobre la situación del empleo público, modos de contratación, salarios y condiciones de trabajo.

El 27 de junio se conmemora la adopción del Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº159, vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública por parte de la Organización Internacional del Trabajo. A 42 años de ello, la coyuntura sanitaria expone las condiciones en las que transitan su trabajo buena parte de quienes se desempeñan en el Estado. Hablamos de problemáticas estructurales que se manifiestan en la negación del derecho elemental al salario digno y en el resto de los derechos adquiridos, como condiciones de trabajo, modos de contratación –y consecuente goce de otros derechos-, la provisión de insumos y materiales, la seguridad e higiene laboral –de especial preocupación en épocas de pandemia-, etcétera.

Casa de herrero

La aparición del COVID19 y las medidas para contener su expansión reavivaron debates profundos sobre el rol del Estado. Éste es a la vez garante de derechos a las personas que habitan el territorio bajo su órbita –mediante la provisión de determinados servicios públicos y el contralor- y patronal de quienes trabajan para garantizarlos.

“Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) actualmente hay en todo el país alrededor de 3,2 millones de trabajadores registrados en el sector público (nacionales, provinciales y municipales y de todos los poderes y sectores del Estado). A este número le faltan datos de bastantes municipalidades y en alguna provincia no muy grande se trata de datos parciales. También le faltan los datos de trabajadores y trabajadoras contratados por modalidades “no laborales”, que no aparecen en las estadísticas del SIPA”, explicaron desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

Dentro del universo de trabajadores reconocides como tales, el Estado Nacional emplea poco más de 700.000. En ese estamento rondan en 380.000 les empleades de la administración pública, de los cuales el 51% es de personal militar y de seguridad, y el 49% personal civil. Pero, el grueso del llamado ‘empleo público’ está en las provincias.

Abordar la realidad del Estado como empleador tiene como primer escollo la falta de datos reales, de actualización periódica, con elementos fiables acerca de, por ejemplo, cuánta gente de verdad trabaja para él. “Con la llegada del macrismo en 2015 al gobierno nacional -y con la total complicidad de gran parte de las direcciones sindicales-, se profundizó la destrucción del trabajo formal o se pauperizaron sus condiciones. La situación actual, la del deterioro del mercado de trabajo y la mayor pérdida de derechos, fueron un corolario lógico y que se viene manifestando desde hace años”, explicaron desde la Junta Interna de ATE Indec.

La ley marco que regula el empleo público nacional (Nº 25.164) expresa que las contrataciones transitorias son para, valga la redundancia, tareas transitorias. En la práctica esta modalidad contractual se utiliza para emplear personal en tareas de planta permanente, violando claramente su estabilidad. Es decir, la excepción se convierte en regla, violando incluso lo dispuesto en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional en torno a la estabilidad del empleo público.

Según indicó ATE Rosario existen bajo órbita del gobierno nacional alrededor de 65 mil precarizades; a nivel provincial durante el gobierno anterior fueron relevados 4500 por el gremio –aunque a muchos no se les renovó contrato en los meses de diciembre, marzo y agosto-; y a nivel municipal les delegades del sector estiman que trepan a 800 -de los que 168 fueron cesanteados entre el final de la anterior gestión y la actual sólo en las áreas de Cultura y Educación, y de Ambiente y Espacio Público-.

Aún en plena pandemia, desde la seccional del gremio estatal denunciaron que los cargos vacantes en la provincia de Santa Fe superaron ampliamente al personal precario. Algo sorprendente, considerando que este punto motivó medias de lucha, paros y situaciones de tensión también con quienes se exponen a diario en la detección y tratamiento del Covid 19. Vale resaltar que la precariedad en las condiciones de labor insistentemente denunciada en el sector salud, que abarca no sólo la dinámica contractual sino de acceso a insumos elementales de protección personal, ya se llevó ya la vida de al menos 25 trabajadoras y trabajadores y dejó unos 3300 contagiados.

Cuchillos de palo

“El 11 de mayo, en una entrevista televisiva para C5N, el propio presidente Fernández hizo referencia a los monotributistas, expresando su preocupación y sugiriendo que muchos de ellos son desocupados. Los monotributistas, en muchos casos, son trabajadores víctimas de fraude laboral que esta realidad -y la patronal- les impone, al tener que aceptar la situación irregular de empleo frente a la posibilidad de no tenerlo”, recordaron desde ATE Indec. Esta realidad se replica en el Estado.

En el miso Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sólo un 21% del personal está en planta permanente; el 8% en transitoria; 19% son monotributistas; y el 52% está bajo Resolución 48, carentes de estabilidad laboral. En Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán cuando se dieron los despidos a fines de 2018 e inicios de 2019, en medio de los llantos y bronca de quienes se enteraron en las puertas que se quedaban sin trabajo, afloraban historias como la de quien llevaba 12 años o más con contratos de renovación semestral o anual, realizando tareas en un área estratégica.

El panorama a nivel provincial y municipal no dista de esa realidad. Un ejemplo es el de una trabajadora que se desempeñaba como educadora ambiental, siendo tutora virtual de cursos dados por la dirección del área, elaborando dinámicas para niñes y adultos e integrando proyectos territoriales coordinando con otros organismos. Su contrato era vía empresa de limpieza, facturando como “servicios prestados a la Municipalidad de Rosario” en el marco del programa. La denominación de “servicios” encubre así un trabajo continuado de años, muchas veces en horarios por fuera de la jornada laboral y fines de semana, sin percibir un monto diferencial.

Las pasantías y acuerdos con colegios profesionales son otros eufemismos para, bajo la figura de formación profesional de personas ya recibidas, sostener empleo precario. Así sucedió en el Teléfono Verde municipal, área de atención a víctimas de violencia de género donde las trabajadoras (psicólogas y abogadas especializadas) fueron desplazadas a fines de 2019.

Otro caso testigo es el de una pasante universitaria que ingresó en 2012, contribuyendo a las tareas según su formación académica, realizando investigación, organización y concreción de eventos y trato continuo con estudiantes, profesionales, y ciudadanos en general. Al finalizar la pasantía y ante la especificidad de su trabajo, se decidió que continuara. Seguiría un año más “en negro”, recibiendo un pago mensual no formal y cobrando un monto que era dividido entre 2 ex- pasantes de otros departamentos. En 2016 pasó a ser monotributista facturando mensualmente a una empresa tercerizada de la Municipalidad, sin ningún tipo de contrato. El monto se mantuvo congelado por 3 años. Actualmente su salario es de menos de $15.000.

Pobreza legalizada

De la mano de las sucesivas crisis, quienes viven del trabajo propio han visto caer su poder adquisitivo por un tobogán. Según el informe presentado el 18 de junio por la Junta Interna de ATE Indec, tomando de base un salario testigo de $31.932, entre noviembre de 2015 y mayo de 2020, con una inflación acumulada del 355,1% la pérdida salarial total escala a $428.861 (casi medio millón de pesos) por cada trabajador o trabajadora.

En el propio Indec, alrededor del 80% de lxs trabajadores no cubren la Canasta Básica Total de abril de 2020. En el caso de salarios provinciales más cercanos a la canasta –que son proporcionalmente los menos-, integrantes del sindicato estimaron la pérdida real en dólares fue del 63,1%. Mientras en enero de 2018 el salario neto rondaba los US$1982, 87, en abril de 2020 se había desplomado a US$731,30.

Como consecuencia del debate paritario basado en porcentajes y polemizando si el objetivo de actualizarlo es recuperar lo perdido o aumentar el poder adquisitivo, se dejó de lado durante años la pregunta central que debería guiarlo: ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Desde ATE Indec han hecho el ejercicio periódico de actualizar esa suma.

“Un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en mayo de 2020, de $68.204 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $22.509 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 45.695 para acceder a otros bienes y servicios básicos”, alerta el informe aclarando que es un monto mínimo necesario que tampoco abarca la definición constitucional de salario mínimo, vital y móvil. Aun así, la mayoría de los salarios de estatales dependientes de la provincia y el municipio promedian menos de la mitad de esa suma.

“La situación de lxs monotributistas es inclusive peor ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos y sumas fijas que el gobierno otorgó para atenuar la pérdida salarial. Por ejemplo, tomando un salario mensual de $28.000, solo en los últimos dos años, han perdido la suma de $180.135, el equivalente a seis sueldos y medio. A esto se le debe adicionar el desfasaje en los aumentos porcentuales que percibieron lxs trabajadorxs bajo convenio, que hoy ronda en el 12%”, indicó la Junta Interna.

Desde el Observatorio del Derecho Social de la CTAA, Luis Campos aseguró que según el último dato de marzo de 2020 y en términos generales “estamos hablando de una caída superior al 20% en comparación con fines de 2015. Aclaro que es un promedio, ya que en algunos sectores esa caída seguramente haya sido superior, por ejemplo el salario de convenio del SINEP cayó un 35%”.

En el siguiente gráfico puede verse la evolución conjunta comparativa del sector público y el privado. Vale aclarar que el crecimiento fuerte en el sector privado a comienzos de este año es producto del “aumento solidario” de $4000.

Aunque es un reclamo de larga data, en el 2017 ATE Rosario, junto a la CTA Autónoma y otros sindicatos estatales, denunció “la vergüenza silenciada de las asignaciones familiares en la provincia de Santa Fe”. Es que el congelamiento de sumas que se consideran parte del salario llevó a que, hasta el día de hoy, se hayan anulado como derechos, abonándose, por ejemplo, $170 de ayuda escolar anual, o $3 (tres pesos) mensuales por hije en edad escolar. Mientras en Santa Fe se paga $260 de asignación mensual por hije, Anses abona en ese concepto $3293. Es decir que Santa Fe abona el 7,89% de la suma nacional a tal efecto.

Para concluir este informe, vale resaltar que el macrismo y sus aliados provinciales (por pertenencia partidaria, acción u omisión) profundizaron con velocidad pasmosa una estructura de lo público en la que el andamiaje está sostenido por la precariedad en distintos niveles. El punto del debate trasciende el sector pues, como indicamos al inicio de la nota, el Estado debe garantizar que en todo el ámbito social se respeten los derechos constitucionalmente reconocidos.

Frente a esta situación la única respuesta que ha dado resultados positivos, tanto a modo defensivo como para mejorar las condiciones objetivas aún en los peores escenarios, es la organización sindical. La presencia en los lugares de trabajo, concientizando, construyendo entidades gremiales desde las bases, escuchando las preocupaciones de les compañeres y poniendo en debate las acciones y planes de lucha, es fundamental para avanzar en el camino de la justicia social, de la aplicación real de la Constitución Nacional, de la soberanía política y la independencia económica. Pero nada de eso, queda claro, se construye sin trabajadoras y trabajadores. Tampoco teniéndolos, como sucede, en estado de emergencia permanente.

Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación CTAA Rosario

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