Por Abriendo Caminos* | La provincia se encuentra en llamas, y no hablamos solamente de los incendios que asolan sus humedales. Paros de docentes, trabajadores de salud y otras/os trabajadores estatales, Algodonera Avellaneda Vicentin, entre otros conflictos. En dialogo con Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación de la CTAA Rosario, repasamos el panorama de la provincia.
Más precarización en tiempos de pandemia
La situación de los trabajadores estatales dependiente de la provincia es de mucha gravedad. Una situación estructural de precarización y bajos salarios, consolidada en el marco nacional que significaron los cuatro años de macrismo, que lejos de revertirse, se profundiza. Sofía Alberti (Secretaria de Prensa de la CTA-A Rosario) reflexiona que, a casi cinco meses de comenzada la pandemia, aún no se logró aprobar un impuesto extraordinario que grave a las grandes fortunas de nuestro país, mientras se suspende la paritaria estatal, afectando a trabajadoras/es estatales, docentes, profesionales de la salud, entre otres, dependientes del Estado provincial. Aunque convocó una reunión paritaria recién para agosto, el gobernador Perotti decidió desechar las negociaciones y decretar un bono unilateralmente.
La Junta Interna de ATE INDEC asegura que la canasta de consumos mínimos para una familia (que ni siquiera alcanza un salario mínimo, vital y móvil, como suelen sostener los trabajadores/as Aceiteros en sus negociaciones) está por encima de los $70.000. Sin embargo, algunos trabajadores/as estatales de Santa Fe con antigüedad llegan a cobrar entre $ 30.000 y $35.000 por mes. La suerte de los salarios docentes no es mejor. Un informe realizado por Amsafe Rosario, estima que el salario docente perdió entre $8.000 y $11.200 de poder adquisitivo solo entre marzo de 2019 y junio de 2020.
La precarización laboral no se desprende solo del nivel salarial. Las condiciones de trabajo y de salubridad son realmente alarmantes. La secretaria de prensa de la CTAA Rosario nos comparte algunas historias de trabajadoras/es para ponerle “cara” a los reclamos. Una acompañante personalizada dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia lleva cinco años precarizada y tuvo que hacer ‘una vaquita’ con sus compañerxs para comprarse alcohol en gel y barbijos. Atiende a niños, niñas y adolescentes en situaciones complejas dentro de diversas instituciones. Es esencial pero no tiene vacaciones pagas, ni obra social, ni ningún derecho laboral de los que gozan les trabajadores de planta permanente. Otra historia es la de un médico que trabaja en la unidad de terapia intensiva (UTI). Comenta que nadie quiere entrar en la provincia como refuerzo para pacientes con Covid, porque tienen que trabajar en pésimas condiciones. A final de mes, tras cubrir sus guardias de 24 horas con pacientes infectados en grave estado, el gobierno provincial le paga diez mil pesos menos de lo que le corresponde, como si atendiera una guardia común. A ese monto recortado, le tiene que restar el pago del monotributo.
Mientras se aplaude a los trabajadores/as de la salud y se los menciona como héroes/heroínas, las cifras de infectados y fallecidos por covid en el ámbito de la salud son lamentables.
“Superamos los 20.000 infectados entre los trabajadores de la salud. Tenemos 75 fallecidos, y frente a eso la respuesta de los gobiernos es congelar las paritarias, postergar el bono estímulo y no desprecarizar a los trabajadores, siendo la precarización y el multiempleo una de las causas fundamentales de los contagios”, sostuvo María Fernanda Boriotti presidenta de la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina).
Siendo el teletrabajo otro motor de la precarización en sectores como el docente, recuperamos algunos resultados de la encuesta a la docencia de la provincia realizada por AMSAFE Rosario en el marco de la pandemia. Sobre un masivo número de respuestas recibidas desde todo el territorio santafesino apenas una tercera parte (34%) de las y los docentes manifestó contar con los recursos necesarios para llevar adelante sus tareas, mientras el resto debió comprar algún tipo de equipamiento y servicio de “datos” para el uso del celular. Una cuarta parte manifestó no tener recursos suficientes para adquirir todo lo necesario. El 88% no recibió ningún tipo de capacitación para la educación virtual de emergencia, y de las y los pocos que la recibieron, la mitad opinó que le fue insuficiente. Un 65% utiliza su computadora, celular y su abono de internet para garantizar la llegada a padres y alumnas/os. El resto utilizó algunos de estos elementos prestados o compartidos con la familia. Un amplio porcentaje manifiesta encontrarse en peores condiciones anímicas y corporales producto de las consecuencias del tele- trabajo. La amplia mayoría (91%) manifiesta que las tareas en estas condiciones le demandan más tiempo. Y también una proporción importante (84%) encuentra dificultades para organizar la tarea laboral en su casa.
Aun con el enorme esfuerzo realizado por trabadoras/es de la educación, AMSAFE sostiene que en el actual esquema de educación virtual, hay un 20% de alumnos que no puede acceder a ningún tipo de tecnología y un 50% que tiene problemas de conectividad.
En este marco la docencia avanzó hacia la cuarta semana de jornada de lucha, con paros de 48 hs y algunos aún más extensos. Las medidas se articulan con un amplio abanico de gremios de trabajadores/as estatales y de la salud.
Vicentin: ¿y los/as trabajadores/as?
“Es realmente curioso que ante un Estado Nacional que sufre una deuda tan abultada, teniendo las herramientas de diferentes organismos de contralor, y la posibilidad de intervención, se hayan dado tanta vuelta para poder hacer algo y evitar el vaciamiento de todo el grupo Vicentin”, sostiene Alberti. “El plan Perotti ha sido tan efectivo como su gobierno hacia sus propios trabajadores”. La periodista destaca la falta de coordinaciones entre organismos competentes. AFIP por un lado, SIGEN por otro, avances de la causa penal por otro. Todas medidas limitadas y al momento inconducentes para garantizar, por lo menos, la continuidad laboral de las trabajadoras y trabajadores.
El paro y las manifestaciones en Algodonera Avellaneda llevan más de setenta días. ¿Los motivos? Salarios de miseria (entre 20 y 25 mil pesos por mes) en una empresa con facturaciones millonarias. Mientras tanto, la patronal intenta instalar la situación como un conflicto inter-sindical. “Quieren mostrar al Sindicato de Aceiteros y Desmontadores de Reconquista como el “cuco” que viene a querer romper con un sistema ordenado, con el que les va bárbaro, con otro sindicato que abandona a los trabajadores. Los trabajadores/as están definiendo que quieren luchar, quieren una vida digna. Y eso lo están encontrando abrazando la construcción del sindicato de Aceiteros y Desmontadores de Reconquista”.
Continuando el diálogo, la periodista sostuvo que la situación en Algodonera (Vicentin) viene de una escalada muy fuerte en torno al accionar de la policía provincial. No solo la policía: el abogado de la empresa junto a una patota ha impulsado ataques y amenazas, dejando incluso a compañeras internadas producto de las heridas. El pasado 28 de agosto por la madrugada la policía desalojó la manifestación. Por voluntad de los trabajadores/as no hubo violencia porque priorizaron su integridad física y decidieron correrse. “Es una incertidumbre como sigue lo de Vicentin. Lo único claro es que las trabajadoras y los trabajadores tienen una voluntad de lucha admirable y que el campo popular de Santa Fe, Rosario y Reconquista está demostrando enorme solidaridad en un proceso histórico muy importante para la región”.
En el marco del Plenario Regional Rosario de la CTAA celebrado el pasado 29 de agosto, Sonia Zanel, delegada de las y los trabajadores de Algodonera Avellaneda, que el viernes pasado fue atropellada por la patota patronal, sostuvo: “Estamos siendo hostigados por jueces, fiscales, policías. Cada paso que damos nos llegan montones de denuncias por reclamar por un plato de comida. La justicia falla a favor de la empresa. Te indigna porque todos nos soltaron la mano y lo único que tenemos son los compañeros, que no vamos a bajar los brazos y estamos más unidos que nunca. Sabemos que estamos frente a una empresa grande que lo único que hace es manejar con plata”.
Ante esta situación el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier convocó a una huelga general regional para el día 31/8. En dicho marco, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria tanto al Sindicato como a la Algodonera Avellaneda; motivo por el cual los trabajadores retoman las actividades mientras dura la misma. Asimismo, la cartera laboral ordenó a la empresa “que CESE en forma inmediata con cualquier conducta que pueda ser considerada o percibida como represiva y/o una violación a los derechos de la libertad sindical de los trabajadores o de sus representantes”, versa el comunicado difundido por el propio sindicato.
En repudio ante los mencionados hechos, el pasado domingo una multitudinaria movilización recorrió las calles de Reconquista, con gran participación de vecinos y familias de los trabajadores, expresando el amplio apoyo popular hacia las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda que hace más de 70 días se encuentran luchando por un aumento salarial ante la intransigencia patronal.
Santa Fe en llamas
“Las quemas en las islas son una realidad hace años. Pero en los últimos cinco fue adquiriendo características cada vez más dramáticas, ante la mirada impávida, o ya podría decirse cómplice, de gobiernos de diferente signo político”, sostiene Sofía. La población de las islas está sufriendo la perdida de sus “ranchos”. Como relata la secretaria de comunicación de CTAA Rosario, estamos ante un ecocidio de dimensiones que todavía no podemos visualizar, dado que este humedal regula todo el esquema medioambiental no solo de la región pampeana litoraleña, sino del país entero.
Detrás de este panorama de desidía y abandono de la política pública está la protección de una serie de negociados. Por eso, aun conociéndose los nombres de los responsables no se interviene. El Ministro Cabandie, como un relator de la realidad más que funcionario, sostiene que el gobierno de la provincia no le comunica los nombres de los responsables. La situación visualiza una maniobra para la sesión de terrenos para los grandes negocios, a costa de la salud de la población. En medio de una pandemia cuyo virus ataca las vías respiratorias, la población de la provincia está expuesta al humo y a condiciones muy perjudiciales para la salud.
En este marco, el malestar es muy grande. No sólo se han realizado varias manifestaciones y movilizaciones, sino incluso hay voluntarios/as que cruzan por sus propios medios a las islas para ir a ayudar a los isleños y colaborar en apagar los focos de incendio. La periodista y referente gremial destaca la solidaridad y la empatía, en un marco de inacción estatal y falta de recursos, incluso, para hacer frente a las llamas.
“Si no luchamos, van a venir por todo”
El gobierno provincial tuvo políticas más bien conservadoras: empeoramiento de las condiciones de trabajo, salario, seguridad social, esquemas laborales, riesgo de trabajo. Como hemos repasado, los discursos de reivindicación de las trabajadoras y los trabajadores esenciales no se corresponden con políticas de protección, el acceso a derechos y la puesta en valor de los mismos. Se destaca la importancia del accionar solidario de las y los de abajo, que plantean un escenario histórico muy interesante en la provincia.
“Estamos en el marco de un avance de la derecha a nivel internacional, ante su re organización con nuevos paradigmas. El vínculo entre el ascenso como alternativa política de estos sectores, y los límites que han demostrado diferentes expresiones de gobiernos progresistas para resolver los problemas estructurales de los pueblos, es una discusión que aún nos debemos”, concluye Alberti.
Nota original publicada en https://abriendo-caminos.org/santa-fe-en-llamas/
Fotos en esta publicación: Sofía Alberti
